El poder silencioso de las remesas: cómo los envíos de migrantes abren puertas a la educación en América Latina

Cada mes, millones de personas en todo el mundo realizan un ritual íntimo y silencioso: ingresan a una aplicación, se acercan a una ventanilla o visitan un locutorio para enviar dinero a sus familias en países de origen. Detrás de cada transferencia hay una historia de sacrificio, pero también de esperanza. Y cada vez con mayor frecuencia, esa esperanza tiene nombre propio: educación.

Según datos del Banco Mundial, América Latina y el Caribe recibieron más de 145.000 millones de dólares en remesas durante 2023, consolidándose como una de las regiones con mayor dependencia de estos flujos. Pero lo que los datos macroeconómicos no siempre capturan es el destino concreto de ese dinero dentro de los hogares receptores. Estudios recientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) revelan que entre el 15% y el 25% de las remesas recibidas en comunidades rurales de México, Guatemala, El Salvador y Honduras se destina directamente a gastos educativos: matrículas, útiles escolares, uniformes y, en algunos casos, financiamiento de estudios universitarios.

De la supervivencia a la inversión: un cambio de paradigma

Durante décadas, el debate sobre las remesas estuvo dominado por una pregunta reduccionista: ¿se gastan en consumo o en inversión productiva? Esta dicotomía ignoraba que la educación es, en sí misma, una de las inversiones más transformadoras que puede realizar una familia. Cuando una madre en Oaxaca destina los dólares que le envía su hijo desde Chicago para pagar la carrera universitaria de su hija menor, está rompiendo un ciclo de pobreza intergeneracional con una eficacia que difícilmente puede igualar ningún programa de asistencia social convencional.

El caso de El Salvador ilustra este fenómeno con particular claridad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las familias salvadoreñas receptoras de remesas muestran tasas de escolarización secundaria y superior significativamente más altas que los hogares sin acceso a estos ingresos. En departamentos como Usulután o La Unión, donde la emigración hacia Estados Unidos ha sido histórica y masiva, la proporción de jóvenes que acceden a la universidad ha crecido de manera notable en la última década, en paralelo al incremento de los flujos remesados.

Casos de éxito: cuando la política pública amplifica el impacto

Algunos gobiernos han comprendido que las remesas no son simplemente un asunto privado entre familias transnacionales, sino una oportunidad de política pública que merece atención institucional. México ha sido pionero en este enfoque con el programa 3x1 para Migrantes, que por cada peso aportado por una organización de migrantes en el exterior, el gobierno federal, estatal y municipal aportan uno cada uno. Si bien el programa se ha orientado principalmente a infraestructura comunitaria, versiones adaptadas al ámbito educativo han demostrado ser especialmente efectivas en estados como Zacatecas y Michoacán.

En Ecuador, la crisis migratoria de finales de los años noventa generó paradójicamente uno de los experimentos más interesantes en materia de remesas educativas. Comunidades de la provincia de Cañar, con altísimas tasas de emigración hacia España e Italia, comenzaron a organizar fondos colectivos transnacionales para financiar becas universitarias para los hijos de quienes se habían marchado. Esta iniciativa comunitaria, documentada por investigadores de la FLACSO Ecuador, evidenció que cuando las remesas se organizan colectivamente en lugar de circular únicamente como transferencias individuales, su potencial educativo se multiplica considerablemente.

Honduras, por su parte, ha ensayado con mecanismos de incentivos fiscales para que las familias receptoras de remesas que destinen una proporción acordada a gastos educativos accedan a programas complementarios de becas. Aunque aún en fase piloto y con resultados preliminares, este tipo de iniciativas apunta hacia una dirección prometedora: crear sinergias entre el capital transnacional privado de las familias migrantes y los recursos del Estado.

Los obstáculos que persisten

Sería ingenuo presentar un panorama exclusivamente optimista. Las remesas con destino educativo enfrentan obstáculos estructurales que ninguna política pública ha logrado resolver completamente. El primero y más evidente es el costo de las transferencias: a pesar de los avances tecnológicos, el precio promedio de enviar dinero a América Latina sigue siendo superior al objetivo del 3% fijado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada punto porcentual que se cobra de más en comisiones es dinero que podría estar financiando libros de texto o matrículas universitarias.

El segundo obstáculo es la volatilidad. Las remesas dependen de la situación laboral del migrante en el país de destino, y cualquier crisis económica, cambio en las políticas migratorias o deterioro de las condiciones de trabajo puede interrumpir flujos en los que familias enteras han construido proyectos educativos de largo plazo. La pandemia de COVID-19 demostró dramáticamente esta fragilidad: aunque las remesas globales resistieron mejor de lo esperado, en muchas comunidades la incertidumbre generó interrupciones que obligaron a jóvenes a abandonar estudios que habían comenzado con financiamiento transfamiliar.

El tercer desafío es la desigualdad de género. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que, dentro de los hogares receptores, los recursos destinados a educación benefician de manera desproporcionada a los hijos varones frente a las hijas mujeres. Las políticas que buscan potenciar el impacto educativo de las remesas deben incorporar explícitamente una perspectiva de género para no reproducir ni ampliar estas brechas.

Hacia una arquitectura institucional que potencie el efecto educativo

Desde Migración y Desarrollo consideramos que el potencial transformador de las remesas en materia educativa está lejos de haberse agotado. Para que este impacto sea sostenible y equitativo, es necesaria una arquitectura institucional que combine al menos tres elementos.

En primer lugar, reducción efectiva de costos de transferencia mediante marcos regulatorios que fomenten la competencia y la adopción de tecnologías financieras accesibles, especialmente en corredores como el México-Estados Unidos o el Guatemala-Estados Unidos, donde los volúmenes son mayores.

En segundo lugar, creación de instrumentos de ahorro educativo transnacional. Algunos países han explorado la posibilidad de cuentas de ahorro específicamente diseñadas para que migrantes destinen remesas a fondos educativos con ventajas fiscales en ambos extremos del corredor migratorio. Este tipo de mecanismo requiere cooperación bilateral y voluntad política de los países involucrados.

En tercer lugar, fortalecimiento de la educación superior en las regiones de alta emigración. De poco sirve que las familias puedan financiar estudios universitarios si la oferta educativa local es escasa o de baja calidad. Las políticas de desarrollo educativo en las comunidades de origen deben diseñarse en articulación con las estrategias de aprovechamiento de remesas, creando un círculo virtuoso que haga menos necesaria la emigración de las nuevas generaciones.

Las remesas no son la solución a las desigualdades estructurales que impulsan la migración. Pero sí son, cuando se acompañan de políticas públicas inteligentes y comprometidas, una palanca extraordinaria para transformar oportunidades individuales y comunitarias. Escuchar a las familias transnacionales que ya están haciendo este trabajo, muchas veces en silencio y sin apoyo institucional, es el primer paso para construir políticas migratorias verdaderamente orientadas al desarrollo.