Trabajar fuera sin irse del todo: la promesa y los límites de la migración circular

Durante décadas, el debate sobre migración internacional se ha estructurado en torno a una dicotomía aparentemente inevitable: quedarse o marcharse. Sin embargo, un tercer camino ha ido ganando protagonismo en las agendas de política migratoria de Europa y América Latina. La migración circular —ese modelo que permite a las personas desplazarse temporalmente hacia mercados laborales más desarrollados y regresar de manera regular a sus países de origen— se presenta hoy como una de las respuestas más prometedoras a los dilemas del desarrollo humano transnacional.

Pero ¿cuánto hay de promesa real y cuánto de retórica institucional en este enfoque? La respuesta, como suele ocurrir en políticas públicas, depende en gran medida del diseño concreto de los programas, de los actores que los impulsan y de las condiciones estructurales en las que operan.

Qué entendemos por migración circular

La migración circular no es un fenómeno nuevo. Lo que sí resulta relativamente reciente es su incorporación sistemática a los marcos normativos de los Estados y organismos multilaterales. En términos generales, se refiere a patrones de movilidad reiterados y ordenados entre dos o más países, en los que los trabajadores alternan periodos de empleo en el extranjero con retornos al país de origen.

A diferencia de la migración temporal convencional —que puede ser unidireccional y carecer de mecanismos de continuidad—, la migración circular implica una cierta institucionalización del movimiento. Los acuerdos bilaterales entre Estados, los visados de trabajo estacional y los convenios de seguridad social son algunos de los instrumentos que dotan de estructura legal a estas trayectorias.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Europea han promovido activamente este enfoque como una fórmula de «triple ganancia»: beneficiosa para el trabajador migrante, para el país receptor y para la economía de origen. Sin embargo, esta caracterización optimista merece un examen más detallado.

Casos que funcionan: lecciones desde el terreno

Uno de los ejemplos más citados en el contexto europeo es el programa de trabajadores agrícolas temporales que vincula a España con Marruecos, Senegal y, en menor medida, con países de América Latina como Colombia y Honduras. A través de convenios gestionados en colaboración con los servicios de empleo de cada país, miles de trabajadores —en su mayoría mujeres— acceden cada temporada a empleos en la recolección de frutos rojos en Huelva y otras provincias andaluzas.

Los datos disponibles muestran que, cuando el programa opera con garantías contractuales adecuadas, las participantes logran acumular ahorros significativos que reinvierten en sus comunidades: educación de los hijos, mejora de la vivienda, financiación de pequeños negocios. El retorno no es solo físico, sino también económico y social.

En América Latina, el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR ha facilitado formas de movilidad laboral relativamente fluidas entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, aunque con importantes asimetrías en su aplicación. Países como Ecuador han desarrollado también acuerdos con España e Italia que incluyen cláusulas de retorno y reconocimiento de derechos laborales, si bien la crisis económica de la última década ha erosionado parte de estos avances.

Canadá ofrece otro referente relevante con su Programa de Trabajadores Agrícolas Estacionales (SAWP, por sus siglas en inglés), que desde los años sesenta vincula al país con México y varias naciones del Caribe. Aunque no exento de críticas —especialmente en lo relativo a los derechos de los trabajadores en destino—, el programa ha demostrado que la circularidad puede mantenerse durante décadas cuando existe voluntad política y marcos regulatorios estables.

Los riesgos que no deben ignorarse

La migración circular no es, por definición, migración justa. Su potencial transformador depende de condiciones que con frecuencia están ausentes: contratos verificables, acceso a servicios de salud durante la estancia, portabilidad de las cotizaciones a la seguridad social y mecanismos efectivos de denuncia ante abusos laborales.

En demasiados casos, los trabajadores migrantes circulares se encuentran en una posición de vulnerabilidad estructural. La dependencia del empleador para mantener el estatus migratorio, la falta de redes de apoyo en el país de destino y la presión económica sobre las familias en origen crean condiciones propicias para la explotación. Las trabajadoras, en particular, enfrentan riesgos adicionales relacionados con el acoso y la discriminación de género.

Hay también un riesgo de diseño institucional: que la «circularidad» acabe siendo una etiqueta que legitima la precariedad laboral bajo la apariencia de flexibilidad. Si los programas no incorporan derechos plenos y mecanismos de supervisión independiente, el modelo puede convertirse en un instrumento de extracción de mano de obra barata más que en una herramienta de desarrollo compartido.

El papel de las políticas públicas en el país de origen

Uno de los aspectos más desatendidos en los debates sobre migración circular es el rol de los gobiernos de origen. No basta con negociar acuerdos de envío de trabajadores; es necesario que los Estados inviertan en políticas que hagan del retorno una opción viable y atractiva.

Esto implica, entre otras cosas, el reconocimiento de las competencias y certificaciones adquiridas en el extranjero, el desarrollo de programas de reinserción laboral, el acceso a crédito productivo para quienes regresan con capital acumulado y la creación de condiciones económicas locales que compitan, aunque sea parcialmente, con las oportunidades disponibles en el exterior.

México, con su Programa 3x1 para Migrantes —que multiplica por cuatro cada peso aportado por las organizaciones de la diáspora para proyectos comunitarios— ofrece un ejemplo de cómo articular remesas y retorno con inversión pública. Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos varía considerablemente según la capacidad institucional de los municipios receptores.

Hacia un modelo con derechos en el centro

La migración circular puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo si —y solo si— se diseña desde el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores. Esto exige que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los propios migrantes participen en la negociación y supervisión de los programas, y no únicamente los Estados y los empleadores.

Desde Migración y Desarrollo consideramos que el verdadero criterio de éxito de cualquier programa de movilidad laboral no es el volumen de remesas generadas ni la satisfacción de las demandas del mercado laboral receptor, sino la capacidad del trabajador migrante de tomar decisiones autónomas sobre su trayectoria vital: cuándo ir, cuándo volver y en qué condiciones.

La migración circular, bien concebida, no es una solución de compromiso entre marcharse y quedarse. Es, en su mejor versión, una ampliación efectiva de la libertad. Alcanzar esa versión requiere voluntad política, recursos públicos y, sobre todo, escuchar a quienes viven en sus propias trayectorias esta compleja realidad.