Las arquitectas invisibles del desarrollo: mujeres migrantes y el trabajo que sostiene economías sin recibir reconocimiento

Hay una paradoja que atraviesa los sistemas migratorios contemporáneos: las mujeres que emigran para sostener a sus familias en origen y a las sociedades que las acogen raramente aparecen en los discursos oficiales sobre desarrollo. Sus remesas financian escuelas y consultorios médicos en comunidades rurales de México, Honduras o Senegal. Sus manos cuidan a los mayores en España, Italia o Canadá, liberando a otras mujeres para incorporarse al mercado laboral formal. Y, sin embargo, los marcos de política migratoria continúan diseñándose como si el sujeto migrante por defecto fuera masculino, joven y empleado en la industria o la construcción.

Esta omisión no es accidental. Responde a estructuras de poder que históricamente han devaluado tanto el trabajo de cuidados como la participación económica femenina. Corregirla exige algo más que ajustes estadísticos: requiere una reorientación profunda de cómo los Estados conciben la relación entre migración, género y desarrollo.

Una presencia masiva que los datos no capturan bien

Según datos del Observatorio Internacional para las Migraciones (OIM), las mujeres representan aproximadamente el 48 % de la población migrante internacional. En ciertas regiones y corredores migratorios —como el que conecta América Central con España, o el sudeste asiático con los países del Golfo— esa proporción supera ampliamente la mitad. No obstante, la forma en que se recopilan y analizan los datos migratorios sigue invisibilizando dimensiones clave de su experiencia.

El problema comienza en la clasificación. Muchas mujeres migrantes trabajan en la economía informal: como empleadas del hogar sin contrato, cuidadoras contratadas de manera irregular, recolectoras agrícolas en campañas de temporada o vendedoras en mercados locales. Estos empleos rara vez aparecen en registros laborales formales, lo que genera una brecha sistemática entre la realidad de su contribución económica y lo que las estadísticas oficiales logran capturar.

Además, cuando las políticas migratorias reconocen la migración femenina, suelen hacerlo bajo categorías que refuerzan la subordinación: visados de reagrupación familiar que atan el estatus migratorio al de un cónyuge, o programas de trabajo temporal diseñados para sectores «feminizados» que carecen de las mismas protecciones laborales que otros sectores.

El sector del cuidado: columna vertebral sin reconocimiento

En España, uno de los destinos migratorios más relevantes para América Latina, el sector del empleo doméstico y los cuidados emplea a más de 600.000 personas, de las cuales una proporción mayoritaria son mujeres extranjeras, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este sector fue excluido durante décadas del Régimen General de la Seguridad Social, lo que privó a cientos de miles de mujeres migrantes de derechos básicos como la prestación por desempleo o las bajas laborales remuneradas.

La reforma de 2022 que equiparó parcialmente sus derechos fue un avance, pero insuficiente. Las trabajadoras del hogar continúan enfrentando dificultades para demostrar su relación laboral, acreditar cotizaciones o acceder a vías de regularización que no dependan de la buena voluntad del empleador. La precariedad jurídica se convierte así en un mecanismo de control que perpetúa la vulnerabilidad.

Esta dinámica no es exclusiva de España. En países como Chile, Argentina o Costa Rica —que han experimentado un aumento sostenido de la inmigración intrarregional— el trabajo doméstico y de cuidados concentra una parte desproporcionada del empleo femenino migrante, con similares déficits de protección.

Agricultura, servicios y las otras invisibilidades

Más allá del cuidado, las mujeres migrantes sostienen cadenas de valor agrícolas que alimentan mercados globales. En las zonas freseras de Huelva, en los invernaderos de Almería o en las plantaciones de flores de Colombia, la presencia femenina es dominante. Sin embargo, las condiciones laborales en estos entornos —jornadas extenuantes, alojamientos precarios, dependencia del empleador para la renovación del contrato— sitúan a estas trabajadoras en una posición de extrema vulnerabilidad.

Los programas de migración circular agrícola, como el gestionado entre España y Marruecos o Colombia, tienen el mérito de ofrecer vías legales de empleo temporal. Pero su diseño privilegia la «circularidad» como garantía para el país receptor —asegurando el retorno de las trabajadoras— sin incorporar mecanismos robustos de protección frente al abuso laboral ni vías de progresión hacia una residencia más estable para quienes lo deseen.

En el sector servicios —hostelería, limpieza, comercio minorista— la concentración de mujeres migrantes en puestos de baja cualificación formal contrasta frecuentemente con sus niveles reales de formación. La devaluación de credenciales educativas obtenidas en el extranjero, combinada con barreras lingüísticas y redes de acceso al empleo más restringidas, genera lo que algunos investigadores denominan «sobrecualificación forzada»: mujeres con estudios universitarios atrapadas en empleos que no requieren ni reconocen sus capacidades.

Las remesas femeninas: eficientes, invisibles y subestimadas

Las mujeres migrantes no solo sostienen economías receptoras; también financian el desarrollo en sus comunidades de origen. Múltiples estudios han documentado que las mujeres destinan una proporción mayor de sus ingresos a remesas que los hombres migrantes, y que esas remesas tienden a orientarse hacia gastos con mayor impacto en el bienestar colectivo: educación de los hijos, atención sanitaria y mejoras en la vivienda familiar.

A pesar de ello, los programas de canalización productiva de remesas —como los esquemas de cofinanciación pública o los incentivos fiscales para la inversión en origen— raramente incorporan una perspectiva de género que reconozca y potencie el rol de las mujeres como agentes de desarrollo transnacional. Las políticas se diseñan pensando en un remitente genérico, cuando en realidad las dinámicas de envío, uso y control de las remesas varían significativamente según el género.

Hacia una política migratoria con perspectiva de género real

Reconocer el trabajo de las mujeres migrantes como motor de desarrollo no es solo una cuestión de justicia; es una condición para diseñar políticas migratorias más eficaces. Algunos principios orientadores pueden servir de punto de partida para los responsables de política pública:

Desagregar los datos. Los sistemas de información migratoria deben recopilar y publicar datos desagregados por sexo, sector de actividad, tipo de contrato y estatus migratorio. Sin diagnósticos precisos, las políticas continuarán siendo ciegas al género.

Extender protecciones laborales plenas al trabajo doméstico y de cuidados. La ratificación del Convenio 189 de la OIT —que establece derechos laborales para las trabajadoras del hogar— y su implementación efectiva deben ser una prioridad para todos los países de la región.

Reformar los programas de migración temporal para incluir cláusulas de protección frente al abuso, mecanismos de denuncia accesibles y vías de transición hacia la residencia permanente desvinculadas del empleador.

Incorporar la perspectiva de género en los acuerdos bilaterales de migración, estableciendo compromisos concretos en materia de condiciones laborales, acceso a servicios y reconocimiento de cualificaciones.

Apoyar las organizaciones de mujeres migrantes como interlocutoras legítimas en el diseño y evaluación de políticas, reconociendo su conocimiento situado y su capacidad de agencia colectiva.

El reconocimiento como punto de partida

Las mujeres migrantes no necesitan ser rescatadas ni representadas como víctimas pasivas de sistemas que las explotan. Son agentes económicas que toman decisiones estratégicas, construyen redes transnacionales y sostienen comunidades en múltiples países al mismo tiempo. Lo que necesitan —y lo que las políticas públicas tienen la obligación de garantizar— es que su trabajo sea visible, que sus derechos sean exigibles y que su contribución al desarrollo sea reconocida en los términos que merece.

Hacer eso posible no requiere inventar nuevas herramientas de política pública. Requiere voluntad política para aplicar las que ya existen y valentía institucional para cuestionar los sesgos de género que llevan décadas infiltrados en el diseño de los sistemas migratorios. La invisibilidad de las mujeres migrantes no es un accidente estadístico: es una elección política. Y como tal, puede revertirse.