El dinero invisible: remesas informales, criptomonedas y la ceguera estadística que paraliza las políticas de desarrollo

Cada año, el Banco Mundial publica sus estimaciones sobre remesas globales y el dato se convierte en titular: cientos de miles de millones de dólares fluyendo desde los países ricos hacia las economías en desarrollo, superando con frecuencia a la inversión extranjera directa y a la ayuda oficial al desarrollo. Son cifras impresionantes. Son también, casi con certeza, cifras incompletas.

Lo que los registros oficiales no capturan es una economía paralela de transferencias informales cuya magnitud los expertos estiman entre el 30 y el 50 por ciento del total de los flujos reales, aunque la propia naturaleza de su invisibilidad hace que cualquier cifra sea, por definición, una aproximación. Ese dinero que no aparece en las estadísticas no es dinero que no existe: es dinero que circula fuera de los canales que los Estados pueden observar, regular y movilizar hacia objetivos de desarrollo.

Por qué los migrantes evitan los canales formales

Entender este fenómeno requiere partir de una premisa que con frecuencia se omite en los debates de política pública: los migrantes no recurren a los canales informales por ignorancia ni por voluntad de evadir la ley. Lo hacen, en la mayoría de los casos, porque los canales formales les fallan.

Las comisiones de las empresas de transferencias pueden superar el 10 por ciento del monto enviado en algunos corredores, especialmente en rutas hacia África subsahariana o hacia zonas rurales de América Central donde la infraestructura bancaria es escasa. Los requisitos de documentación excluyen a los migrantes en situación irregular. Los horarios de atención no se ajustan a las jornadas laborales de quienes trabajan en agricultura, hostelería o cuidados. Y los tiempos de procesamiento pueden resultar incompatibles con urgencias familiares que no admiten espera.

Frente a esas barreras, las alternativas informales ofrecen velocidad, discreción y, en muchos casos, menores costes. Un sistema de hawala —la red de intermediarios de confianza originaria del mundo árabe y extendida a través de las diásporas asiáticas y africanas— puede mover dinero entre Madrid y Dakar en cuestión de horas, sin registro, sin comisión bancaria y sin preguntas sobre el origen de los fondos.

La adaptación tecnológica: criptomonedas y aplicaciones P2P

En los últimos años, la informalidad de las remesas ha adquirido una dimensión tecnológica que complica aún más su seguimiento. Las criptomonedas, especialmente las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense, se han convertido en un canal de transferencia relevante en corredores donde la volatilidad monetaria o el control de cambios hacen inviables las transferencias convencionales.

Venezuela es el caso más documentado: ante la hiperinflación y las restricciones cambiarias, una parte significativa de las remesas familiares llegó durante años a través de billeteras digitales en criptomonedas, canalizadas después a bolívares a través de mercados informales. El Salvador, pese a haber adoptado el bitcoin como moneda de curso legal, ha visto cómo la adopción formal ha sido más lenta de lo esperado, mientras los canales informales de transferencia digital siguen operando en paralelo.

Las aplicaciones de pago entre particulares —peer-to-peer— añaden otra capa de opacidad. Plataformas diseñadas para dividir la cuenta de un restaurante se utilizan, en la práctica, para enviar pequeñas cantidades de dinero de forma recurrente, fragmentando los envíos para eludir los umbrales de notificación obligatoria.

La ceguera estadística y sus consecuencias para las políticas públicas

El problema no es solo económico. Es epistemológico. Cuando los gobiernos diseñan políticas de desarrollo basadas en datos de remesas formales, están trabajando con una imagen parcial de la realidad. Subestiman el peso real de estos flujos en las economías locales, sobreestiman la eficacia de los incentivos dirigidos a los canales formales, y no comprenden las verdaderas necesidades de los hogares receptores.

Un ejemplo concreto: varios países latinoamericanos han diseñado programas de cofinanciación de remesas colectivas —los llamados programas tres por uno, donde los gobiernos federal, estatal y local aportan fondos equivalentes a las remesas destinadas a proyectos comunitarios— sin poder saber qué porcentaje del total de las remesas de sus comunidades emigradas circula realmente por los canales que esos programas pueden capturar.

Esta brecha estadística también afecta a la negociación internacional. Cuando México o Filipinas negocian acuerdos de protección de sus trabajadores en el exterior, lo hacen sin conocer con precisión cuánto dinero generan realmente esos trabajadores para sus economías domésticas. La subestimación sistemática debilita su posición negociadora.

Reformas posibles: formalizar sin penalizar

El debate sobre cómo reducir las remesas informales tiende a polarizarse entre quienes proponen mayor regulación y vigilancia —con el riesgo de empujar aún más los flujos hacia la opacidad— y quienes abogan por la desregulación total, ignorando los riesgos reales de financiación de actividades ilícitas que los sistemas no supervisados pueden facilitar.

Una vía más productiva pasa por atacar las causas que hacen preferibles los canales informales. Reducir las comisiones de las transferencias formales —el G20 se comprometió hace años con el objetivo del 3 por ciento, aún lejos de alcanzarse en muchos corredores— es una condición necesaria aunque no suficiente. Igualmente importante es ampliar el acceso a servicios bancarios básicos para migrantes irregulares, reconociendo que su exclusión del sistema formal no protege a nadie y perjudica a todos.

Algunos países han explorado la creación de identificaciones bancarias alternativas al pasaporte o al permiso de residencia. México ha impulsado el uso de la matrícula consular como documento válido para abrir cuentas. Ecuador ha desarrollado programas de inclusión financiera específicamente dirigidos a migrantes retornados. Estas experiencias muestran que la formalización es posible cuando se diseña desde las necesidades reales de los usuarios, no desde la comodidad administrativa de las instituciones.

El papel de la regulación de criptomonedas

La dimensión tecnológica de las remesas informales exige también una respuesta regulatoria específica para los activos digitales. Ni la prohibición —que simplemente desplaza los flujos hacia plataformas menos accesibles— ni la permisividad total —que renuncia a cualquier capacidad de seguimiento— son respuestas adecuadas.

Algunos países han comenzado a explorar marcos de regulación proporcional, donde los requisitos de identificación se escalan según el monto de las transacciones, permitiendo transferencias pequeñas y recurrentes con verificaciones mínimas mientras se aplican controles más estrictos a movimientos de mayor volumen. Esta aproximación, si se diseña con cuidado, podría capturar buena parte de las remesas tecnológicas sin imponer cargas que hagan preferible la evasión.

Datos para gobernar, transparencia para redistribuir

El dinero invisible de las remesas informales no es solo un problema de regulación financiera. Es un síntoma de sistemas migratorios que excluyen, encarecen y complican la vida de quienes más contribuyen al desarrollo de sus comunidades de origen. Formalizar esos flujos no debería ser un objetivo en sí mismo, sino un medio para garantizar que los Estados puedan ver, comprender y acompañar los procesos que ya están transformando sus territorios.