El sur que cuida al norte: cómo la dependencia europea de trabajadores migrantes redefine las relaciones de poder en la cooperación internacional

Hay una imagen que la política migratoria europea prefiere no sostener demasiado tiempo ante el espejo: la de un continente que financia campañas de control fronterizo con una mano mientras, con la otra, tramita visados de trabajo para enfermeras dominicanas, auxiliares geriátricas bolivianas y cuidadoras filipinas. No porque haya contradicción en los ministerios —cada departamento opera con su propia lógica— sino porque esa imagen contradice la narrativa dominante sobre quién necesita a quién en las relaciones entre el norte y el sur global.

La realidad demográfica no admite eufemismos: Europa está envejeciendo a una velocidad que sus poblaciones activas nativas no pueden compensar. Y el cuidado de sus mayores, la atención de sus enfermos crónicos y el sostenimiento cotidiano de sus sistemas de bienestar depende, en proporciones crecientes, de trabajadores procedentes de países a los que el discurso político suele describir como beneficiarios de la generosidad europea.

Los números que incomodan

En Alemania, el déficit de personal cualificado en el sector sanitario y de cuidados supera las 200.000 plazas según datos del Instituto Federal de Empleo, y las proyecciones para 2035 elevan esa cifra por encima del medio millón. En España, el sector de atención a personas mayores emplea a más de 400.000 trabajadores migrantes, una proporción que en ciertas comunidades autónomas supera el 60 % del total del personal de atención directa. Italia, con una de las pirámides de población más envejecidas de la Unión Europea, ha construido un modelo de cuidado domiciliario que descansa casi enteramente sobre las espaldas de mujeres procedentes de Rumanía, Ucrania, Perú y Ecuador.

Estos datos no son secretos. Aparecen en informes ministeriales, estudios universitarios y análisis de organismos internacionales. Lo que resulta más difícil de encontrar es un reconocimiento político explícito de lo que implican: que la sostenibilidad del Estado de bienestar europeo tiene una dimensión migratoria que no puede seguir tratándose como una solución de emergencia o un fenómeno transitorio.

La trampa narrativa y sus consecuencias reales

El problema de mantener la narrativa del norte generoso frente al sur dependiente no es solo de honestidad intelectual. Tiene consecuencias directas sobre cómo se negocian los acuerdos de movilidad laboral, cómo se diseñan los programas de cooperación al desarrollo y cómo se tratan políticamente las demandas de los países emisores de cuidadoras y profesionales de la salud.

Cuando México, Colombia o Filipinas negocian acuerdos de movilidad laboral con países europeos desde la posición de «país que envía migrantes», la asimetría implícita en esa categoría se traduce en condiciones desfavorables: contratos temporales no renovables, limitaciones a la reagrupación familiar, obstáculos a la portabilidad de derechos y ausencia de mecanismos que compensen a los países de origen por la formación de profesionales que luego exportan su cualificación.

Sin embargo, si esa misma negociación se planteara desde la posición de «país que provee servicios esenciales para la sostenibilidad del sistema de bienestar del país receptor», las condiciones de partida serían radicalmente distintas. No se trata de un ejercicio retórico: es una reconfiguración del marco de negociación con consecuencias prácticas sobre salarios, derechos y condiciones de trabajo.

Los gobiernos que están aprendiendo a negociar diferente

Algunos países están comenzando a explorar esta lógica con resultados incipientes pero significativos. Filipinas lleva décadas gestionando la exportación de enfermeras y trabajadoras domésticas como una política de Estado, con agencias gubernamentales que negocian condiciones mínimas con los países receptores y mecanismos de seguimiento de las remesas que sus ciudadanos envían. El modelo tiene deficiencias importantes —en particular, su dependencia de la emigración como válvula de escape para tensiones del mercado laboral interno— pero ha generado capacidades negociadoras que otros países emisores no han desarrollado.

En América Latina, Colombia ha dado pasos en esa dirección a través de acuerdos bilaterales con España que incluyen cláusulas de reconocimiento de cualificaciones y vías de regularización para trabajadores del sector sanitario. Ecuador y Bolivia, que cuentan con comunidades numerosas en el sector de cuidados en España e Italia respectivamente, están explorando fórmulas similares, aunque con menor consistencia institucional.

Lo que falta en la mayoría de los casos es una estrategia articulada que vincule la exportación de cuidados con demandas concretas: transferencia de tecnología médica, financiación de sistemas de salud en origen, reconocimiento mutuo de títulos universitarios, o fondos de retorno que permitan a los profesionales emigrados regresar con capacidades y recursos para fortalecer los sistemas sanitarios de sus países.

Las tensiones políticas que esto genera

Admitir la dependencia estructural del norte respecto al trabajo de cuidados del sur genera tensiones políticas considerables en los países receptores. La narrativa del control migratorio —que promete reducir la presencia de trabajadores extranjeros— choca frontalmente con la necesidad de ampliar los canales de entrada para profesionales del sector sanitario y de cuidados. Esta contradicción se gestiona, habitualmente, mediante la segmentación discursiva: se habla de «migración económica cualificada» para los médicos y enfermeras, y de «inmigración irregular» para las auxiliares y cuidadoras domiciliarias, aunque ambos grupos sostengan el mismo sistema.

Esa segmentación no es inocente. Reproduce dentro del sector de cuidados la misma jerarquía que estructura las relaciones entre países: los más formados acceden a condiciones más dignas, mientras quienes realizan el trabajo más íntimo y exigente —el cuidado corporal de personas dependientes— permanecen en la informalidad o en la precariedad legal.

Una agenda posible

Reorientar estas relaciones requiere voluntad política en ambos extremos del corredor migratorio. Los países receptores deben abandonar la ficción de que pueden gestionar el envejecimiento demográfico sin una política migratoria explícita, coherente y digna para el sector de cuidados. Los países emisores, por su parte, deben construir capacidades institucionales para negociar colectivamente, superar la competencia entre sí por los cupos de visado y articular sus demandas en foros multilaterales donde hoy apenas tienen voz.

El cuidado es poder. Reconocerlo como tal es el primer paso para que las relaciones entre el norte que envejece y el sur que cuida dejen de reproducir las asimetrías que, en teoría, la cooperación internacional lleva décadas intentando superar.