Emprender desde la diferencia: el papel de los migrantes en la creación de tejido empresarial en sus países de acogida

Hay una narrativa que persiste con obstinada tenacidad en el debate migratorio: la del migrante como receptor pasivo de empleo, como fuerza de trabajo que ocupa los puestos que otros no quieren. Es una imagen que, además de reduccionista, ignora una realidad documentada y creciente: los migrantes son también creadores de empleo, fundadores de empresas y agentes activos de transformación económica en los territorios que los acogen.

En España, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 270.000 personas extranjeras figuraban como trabajadoras autónomas en 2023, una cifra que ha crecido de manera sostenida en la última década. En Colombia, Ecuador y Argentina, los migrantes venezolanos, chinos y de otras procedencias han impulsado sectores enteros de la economía informal y formal. El fenómeno del emprendimiento migrante no es anecdótico: es estructural.

Por qué los migrantes emprenden: motivación y contexto

La decisión de crear un negocio propio raramente obedece a una sola causa. Para muchos migrantes, el emprendimiento surge como respuesta a las barreras del mercado laboral formal: la falta de reconocimiento de títulos, las redes profesionales inexistentes en el nuevo país o la discriminación en los procesos de selección de personal empujan a personas altamente cualificadas hacia la autoocupación.

Pero existe también una dimensión positiva y deliberada. Muchos emprendedores migrantes identifican nichos de mercado que la población local no ha sabido ver precisamente porque no los experimenta: la demanda de productos alimentarios específicos, servicios de traducción e intermediación cultural, o soluciones tecnológicas pensadas para comunidades transnacionales. La experiencia de la movilidad genera una perspectiva singular que, en manos de quien sabe aprovecharla, se convierte en ventaja competitiva.

Fatou Diallo llegó a Valencia desde Senegal en 2015. Después de varios años trabajando en hostelería, en 2020 fundó una empresa de importación de textiles y artesanías africanas que hoy emplea a cinco personas, tres de ellas españolas. «Yo sabía lo que aquí no había y lo que allá sobraba», explica. «Solo necesitaba que alguien me explicara cómo hacer los papeles».

Su historia no es excepcional. En Madrid, Barcelona, Bogotá o Ciudad de México, relatos similares se multiplican en sectores tan diversos como la gastronomía, la tecnología, los servicios de cuidado, la construcción sostenible o el comercio internacional.

Las barreras que frenan el potencial emprendedor

A pesar de su dinamismo, los emprendedores migrantes operan en condiciones de desventaja estructural que limitan su capacidad de crecimiento y consolidación.

La primera barrera es el acceso al sistema financiero. En muchos países, los migrantes enfrentan dificultades para abrir cuentas bancarias empresariales, obtener créditos o acceder a líneas de financiación pública por no contar con historial crediticio local, por tener una situación administrativa aún en trámite o por no disponer de los avales que las entidades financieras exigen. Esta exclusión financiera condena a muchos negocios a permanecer en la informalidad o a crecer a un ritmo muy por debajo de su potencial.

La segunda barrera es administrativa y regulatoria. Los trámites para constituir una empresa pueden ser complejos incluso para ciudadanos nacionales; para migrantes que navegan simultáneamente los procesos de regularización migratoria, el desconocimiento del idioma técnico-legal y la falta de redes de asesoría, esa complejidad se multiplica. En muchos países de la región, no existe ningún mecanismo específico de orientación empresarial para personas extranjeras.

La tercera barrera es la discriminación en el mercado. Los negocios de titularidad migrante enfrentan con frecuencia prejuicios por parte de proveedores, clientes institucionales y organismos de certificación que desconfían de su solvencia o legitimidad. Esta desconfianza estructural limita el acceso a contratos públicos, a cadenas de distribución formales y a oportunidades de escalamiento.

Políticas que funcionan: lecciones desde la experiencia comparada

Varios países y ciudades han comenzado a desarrollar marcos de apoyo al emprendimiento migrante que ofrecen lecciones valiosas para el diseño de políticas públicas en la región.

En Canadá, el programa «Immigrant Entrepreneur Pathway» ofrece visados específicos vinculados a proyectos empresariales con potencial de generación de empleo, acompañados de mentorías y acceso a redes de inversión. El modelo ha demostrado que vincular política migratoria con política de emprendimiento genera resultados tangibles para la economía receptora.

En España, algunas comunidades autónomas han comenzado a incorporar a los emprendedores migrantes en sus estrategias de política industrial. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, ha desarrollado programas de microcrédito específicos para personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se incluyen migrantes en proceso de regularización.

En América Latina, iniciativas como las de la Cámara de Comercio de Bogotá para facilitar el registro empresarial de migrantes venezolanos, o los programas de la OIT para la formalización de negocios de migrantes en Ecuador, apuntan hacia una dirección prometedora: tratar el emprendimiento migrante como una palanca de desarrollo, no como una anomalía a regular.

La inclusión financiera como eje central

Si existe una palanca de política pública capaz de desbloquear el potencial emprendedor de la población migrante, esa es la inclusión financiera. Garantizar el acceso a cuentas bancarias, productos de crédito adaptados y sistemas de garantía pública para negocios de nueva creación no es solo una cuestión de equidad: es una decisión económicamente racional.

Los emprendedores migrantes que logran acceder al sistema financiero formal muestran tasas de supervivencia empresarial y de creación de empleo comparables —y en algunos sectores superiores— a las de los emprendedores nativos. Excluirlos del sistema no protege la economía; la empobrece.

Las organizaciones de la sociedad civil, las cooperativas de crédito y las fintech con vocación de impacto social tienen aquí un papel complementario al del Estado: pueden llegar donde las instituciones financieras tradicionales no alcanzan y ofrecer productos diseñados para las necesidades reales de este colectivo.

Conclusión: reconocer lo que ya existe

El emprendimiento migrante no necesita ser inventado. Ya existe, ya genera empleo, ya innova y ya contribuye a las economías locales. Lo que necesita es reconocimiento institucional, marcos regulatorios que eliminen barreras innecesarias y políticas de inclusión financiera que permitan a estos negocios crecer con la solidez que merecen.

Ignorar este potencial no es una opción neutral: es una decisión con costes reales para el desarrollo económico y la cohesión social de los territorios. Reconocerlo, en cambio, es apostar por una economía más diversa, más resiliente y más justa.