Cuando cerrar fronteras sale caro: el precio económico de las restricciones migratorias en sectores que no pueden prescindir del trabajo foráneo

El endurecimiento de las políticas migratorias suele presentarse en el discurso político como una medida de protección: protección del empleo nacional, de los salarios, de la cohesión social. Es un argumento que tiene fuerza retórica y que conecta con temores legítimos. Pero existe un conjunto de evidencias económicas, cada vez más sólido, que obliga a matizar esa narrativa con una pregunta incómoda: ¿a qué precio?

Cuando se restringen los flujos migratorios en economías que han construido sectores enteros sobre la base del trabajo de personas extranjeras, las consecuencias no son abstractas. Se traducen en cosechas sin recoger, en listas de espera en residencias de mayores, en obras paralizadas y en cadenas de suministro rotas. El coste de la restricción migratoria es real, mensurable y, en muchos casos, recae sobre los segmentos de población que las propias restricciones pretendían beneficiar.

El campo sin brazos: la crisis silenciosa de la agricultura

En España, el sector agrícola lleva años enfrentando una paradoja que ningún decreto ha logrado resolver: hay trabajo disponible, hay tierras productivas y hay demanda internacional de los productos que se cultivan, pero faltan personas dispuestas y en condiciones legales de realizar esas tareas.

Las temporadas de recogida de frutos rojos en Huelva, de naranja en Valencia o de aceituna en Jaén dependen de manera estructural de trabajadores migrantes, principalmente procedentes de Marruecos y de países del África subsahariana. Cuando los procedimientos de contratación en origen se retrasan, cuando los visados no llegan a tiempo o cuando las cuotas establecidas no se corresponden con las necesidades reales del sector, las consecuencias son inmediatas: fruta que se pudre en el árbol, pérdidas económicas cuantificadas en millones de euros y agricultores que contemplan la posibilidad de abandonar cultivos que llevan generaciones en sus familias.

En América Latina, el fenómeno adopta formas distintas pero igualmente reveladoras. En Argentina, la agroindustria del norte del país ha dependido históricamente de trabajadores estacionales procedentes de Bolivia y Paraguay. Las restricciones administrativas y los controles fronterizos intensificados durante ciertos períodos han generado escasez de mano de obra que los productores locales no han podido sustituir con trabajadores nacionales, no por falta de voluntad, sino porque las condiciones de trabajo, la ubicación geográfica y la estacionalidad de las tareas hacen que la oferta local sea insuficiente.

El sector del cuidado: una crisis demográfica que la restricción migratoria agrava

Europa envejece. América Latina también, aunque a un ritmo diferente. En ambas regiones, la demanda de servicios de cuidado —atención a personas mayores, apoyo a personas con discapacidad, cuidado infantil— crece de manera sostenida mientras la oferta de trabajadores dispuestos a realizarlos no crece al mismo ritmo.

En España, se estima que más del 40% de las personas empleadas en el sector del cuidado domiciliario son de nacionalidad extranjera. Muchas de ellas trabajan en condiciones de irregularidad administrativa, lo que las hace especialmente vulnerables a las fluctuaciones de la política migratoria. Cuando se intensifican los controles o se dificultan los procesos de regularización, estas trabajadoras no desaparecen del mercado de inmediato, pero la amenaza de la irregularidad las coloca en una posición de precariedad que favorece la explotación y desincentiva la denuncia de abusos.

Desde una perspectiva de política pública, esto genera una contradicción difícil de sostener: el Estado necesita estas trabajadoras para sostener su sistema de bienestar, pero las políticas migratorias restrictivas las mantienen en una situación de vulnerabilidad que el propio Estado debería estar interesado en resolver.

En países como Chile, Colombia o México, donde la migración venezolana ha incorporado a una gran cantidad de personas al sector del cuidado, el debate es aún más urgente. La falta de marcos regulatorios claros para la contratación de cuidadoras migrantes genera un mercado opaco donde la explotación laboral es frecuente y donde la calidad del servicio se resiente.

Construcción: el sector que no puede esperar

La industria de la construcción es otro ámbito donde la dependencia del trabajo migrante es estructural y donde las restricciones generan efectos en cadena que afectan a la economía en su conjunto.

En España, el auge de la construcción residencial y de las grandes infraestructuras ha generado una demanda de trabajadores cualificados —albañiles, electricistas, fontaneros, operadores de maquinaria— que el mercado laboral nacional no puede satisfacer por sí solo. Los datos del sector indican que, sin aportación migratoria, los plazos de ejecución de obras se alargan, los costes aumentan y la capacidad de respuesta ante necesidades urgentes de vivienda se reduce.

En América Latina, el caso de Ecuador ilustra la doble dimensión del fenómeno: el país es simultáneamente emisor y receptor de migrantes vinculados al sector de la construcción. Mientras trabajadores ecuatorianos construyen en España e Italia, trabajadores colombianos, peruanos y venezolanos participan en proyectos de infraestructura dentro de Ecuador. Las restricciones en cualquiera de los dos extremos de esta cadena tienen efectos que se propagan en ambas direcciones.

Alternativas de política: más allá del falso dilema entre control y apertura

El debate migratorio tiende a presentarse como una elección binaria: fronteras abiertas o fronteras cerradas, control o caos. Esta dicotomía es políticamente útil pero analíticamente empobrecedora. Las experiencias de política pública más exitosas en materia migratoria laboral demuestran que es posible combinar control efectivo de los flujos con respuesta eficiente a las necesidades del mercado de trabajo.

Los sistemas de visado laboral sectorial, como los desarrollados en Canadá o Alemania, permiten ajustar los flujos migratorios a las necesidades reales de sectores específicos mediante mecanismos transparentes, basados en datos y revisados periódicamente. No son sistemas perfectos, pero demuestran que la gestión migratoria puede ser a la vez ordenada y funcional.

La contratación en origen, bien gestionada y con garantías de derechos laborales, puede ser una herramienta eficaz para sectores con picos estacionales de demanda, como la agricultura. El modelo español de contratación en origen con Marruecos, pese a sus limitaciones, ha generado aprendizajes valiosos sobre cómo estructurar estos acuerdos de manera que beneficien tanto a los trabajadores como a los empleadores.

Finalmente, la regularización de quienes ya están trabajando en situación irregular es, desde un punto de vista estrictamente económico, una medida de sentido común: permite a estas personas acceder a derechos laborales plenos, cotizar a la seguridad social y contribuir formalmente a la economía, sin añadir presión adicional sobre los sistemas de control fronterizo.

Conclusión: la economía como argumento para la justicia

Las restricciones migratorias tienen costes que los sistemas de contabilidad política raramente incluyen en sus balances. Contabilizarlos no implica ignorar las legítimas preocupaciones sobre gestión de flujos o integración social; implica, simplemente, tomar decisiones informadas.

Una política migratoria inteligente no elige entre control y necesidad económica: los concilia. Y para conciliarlos, necesita datos, diálogo con los sectores afectados, acuerdos bilaterales sólidos y, sobre todo, la disposición a reconocer que la movilidad humana no es un problema que resolver, sino una realidad que gestionar con rigor y con justicia.