Desigualdad invisible: las trampas económicas que atrapan a las mujeres migrantes en mercados laborales hostiles

Cuando Mariela Cruz cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia en 2019 con sus dos hijos y una licenciatura en contabilidad bajo el brazo, imaginaba que su formación profesional le abriría puertas. Tres años después, seguía trabajando como empleada doméstica sin contrato, sin seguridad social y sin posibilidad de acceder a un préstamo bancario. Su historia no es una excepción: es la norma para cientos de miles de mujeres migrantes en la región.

La migración femenina ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las mujeres representan hoy casi la mitad del total de personas migrantes a escala mundial. Sin embargo, los marcos normativos que regulan su inserción económica en los países de destino siguen diseñados, implícita o explícitamente, en torno a un perfil migrante masculino y primario. El resultado es una arquitectura de exclusión que opera en múltiples dimensiones simultáneas.

El mercado laboral como espacio de discriminación compuesta

Las mujeres migrantes no solo enfrentan la discriminación propia de ser migrantes —es decir, el rechazo a sus títulos académicos, las restricciones de visa o la falta de redes profesionales— sino que sobre esa capa se superpone la discriminación de género. Este fenómeno, que la sociología denomina discriminación compuesta o interseccional, tiene consecuencias económicas medibles.

Un estudio publicado en 2022 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que las mujeres migrantes en países de la región ganan, en promedio, un 35% menos que los hombres migrantes con niveles equivalentes de formación. Más significativo aún: ganan un 20% menos que las mujeres nacionales con perfiles similares. Esta brecha triple —respecto a hombres migrantes, respecto a mujeres locales y respecto a hombres locales— define un territorio de desventaja estructural que las políticas públicas convencionales no han logrado abordar.

La concentración sectorial agrava el problema. En países como Chile, Perú y República Dominicana, más del 60% de las mujeres migrantes trabajan en el sector del cuidado, el servicio doméstico o la hostelería. Estos son, precisamente, los sectores con mayor informalidad, menor sindicalización y menor cobertura de los sistemas de protección laboral. No se trata de una coincidencia: responde a patrones históricos de subvaloración del trabajo feminizado que las políticas migratorias reproducen sin cuestionarlos.

El crédito como derecho negado

Acceder a financiación es uno de los pilares del emprendimiento y la movilidad social. Para las mujeres migrantes, este acceso es prácticamente inexistente en la mayoría de los sistemas financieros latinoamericanos. Los requisitos habituales —antigüedad de residencia, historial crediticio local, garantías patrimoniales— excluyen de forma sistemática a quienes llevan pocos años en el país y no han podido acumular activos.

El problema se intensifica porque muchas mujeres migrantes son jefas de hogar monomarental: sostienen a sus familias tanto en el país de destino como mediante remesas hacia sus comunidades de origen. Esta doble carga financiera, lejos de ser reconocida como un indicador de responsabilidad económica, es ignorada por los sistemas de evaluación crediticia tradicionales.

Algunas experiencias en la región apuntan hacia soluciones concretas. En Ecuador, la red de cooperativas de ahorro y crédito ha desarrollado productos específicos para personas migrantes, incluyendo el reconocimiento de las remesas enviadas como historial financiero válido. En Colombia, algunas entidades del sector solidario han comenzado a ofrecer microcréditos con garantías grupales —adaptando el modelo grameen— dirigidos específicamente a mujeres migrantes venezolanas. Estos experimentos, aunque modestos en escala, demuestran que la exclusión financiera no es inevitable: es una elección de diseño institucional.

Protección laboral: el vacío que nadie quiere llenar

La informalidad laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres migrantes, pero los mecanismos de inspección y protección laboral rara vez están adaptados para llegar hasta ellas. Las inspecciones de trabajo se concentran en sectores formales y en empresas medianas o grandes. El trabajo doméstico —el gran empleador de mujeres migrantes— permanece en un limbo de supervisión casi nula en la mayoría de los países de la región.

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece derechos laborales específicos para trabajadoras del hogar, ha sido ratificado por un número limitado de países latinoamericanos. Y aun donde existe ratificación, su aplicación efectiva es deficiente. Las trabajadoras domésticas migrantes que sufren abusos laborales —jornadas extenuantes, impago de salarios, acoso— enfrentan un dilema brutal: denunciar implica arriesgarse a la deportación si su situación migratoria es irregular.

Esta trampa es, en sí misma, un mecanismo de control que perpetúa la explotación. Mientras la situación migratoria irregular sea utilizada como amenaza implícita contra las trabajadoras, la protección laboral efectiva será una quimera.

Reformas que han marcado la diferencia

No todo son sombras. Algunas experiencias regionales ofrecen lecciones valiosas para quienes diseñan política pública.

En Argentina, la Ley de Migraciones de 2004 —una de las más progresistas de la región— reconoció la migración como un derecho y desvinculó el acceso a servicios públicos de la regularidad migratoria. Esto permitió que mujeres migrantes en situación irregular pudieran acceder a atención sanitaria y educación sin temor a represalias. Aunque la implementación ha sido desigual, el marco normativo ha reducido la vulnerabilidad extrema de las migrantes más precarizadas.

En Uruguay, el programa Ibirapitá para migrantes retornadas y el trabajo de ONU Mujeres en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social han generado espacios de formación y acompañamiento específicamente dirigidos a mujeres migrantes, con énfasis en el emprendimiento y la inserción laboral formal.

Hacia una política migratoria con perspectiva de género real

Las reformas necesarias no son un misterio técnico: son una cuestión de voluntad política. Entre las medidas más urgentes que los gobiernos de la región deberían adoptar figuran la regularización migratoria como prerrequisito para la protección laboral efectiva, la extensión de los sistemas de inspección laboral al trabajo doméstico, el diseño de productos financieros que reconozcan las remesas como historial crediticio y la creación de instancias de denuncia protegidas para trabajadoras migrantes en situación irregular.

Más allá de las medidas concretas, se requiere un cambio de paradigma: entender que las mujeres migrantes no son un colectivo homogéneo ni pasivo, sino agentes económicas que, con los apoyos institucionales adecuados, pueden contribuir de forma decisiva al desarrollo de sus sociedades de acogida y de origen. Ignorar esta realidad no es solo una injusticia: es también un error económico que los países de la región no pueden permitirse.