Regresar con las manos llenas y los bolsillos vacíos: el fracaso institucional ante el emprendimiento migrante de retorno

Jorge Mendoza pasó doce años trabajando en la industria de la construcción en España. Aprendió técnicas de gestión de obra, habló con proveedores europeos, ahorró con disciplina y regresó a Oaxaca en 2021 con un plan de negocio detallado y cincuenta mil euros en una cuenta bancaria extranjera. Seis meses después, seguía sin poder abrir su empresa: el banco local no reconocía su historial crediticio internacional, el registro mercantil le exigía documentos que nadie sabía cómo obtener y la única institución de apoyo al emprendimiento de la región tenía una lista de espera de ocho meses. Jorge terminó empleando sus ahorros en remodelar la casa familiar.

Su caso ilustra una paradoja que los economistas del desarrollo llevan años señalando sin demasiado éxito: los migrantes retornados constituyen uno de los activos más infrautilizados en las estrategias de desarrollo de América Latina. Regresan con capital financiero, capital humano y capital social acumulado en economías más productivas. Y, sistemáticamente, los países de origen los reciben sin ningún mecanismo capaz de convertir ese potencial en desarrollo real.

El capital que nadie sabe aprovechar

La literatura académica sobre migración y desarrollo ha documentado con precisión creciente el perfil del migrante retornado emprendedor. No se trata de una figura marginal: según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre el 15% y el 25% de los migrantes retornados a países latinoamericanos intentan crear o han creado algún tipo de negocio en los dos primeros años tras su regreso.

Este grupo aporta elementos difíciles de replicar desde cero: conocimiento de mercados internacionales, exposición a modelos de gestión más eficientes, redes de contacto transnacionales y, en muchos casos, dominio de idiomas y tecnologías que escasean en sus comunidades de origen. Son, en definitiva, vectores naturales de transferencia tecnológica y de prácticas empresariales que los programas de cooperación internacional intentan fomentar —con mucho menor éxito— desde el exterior.

Sin embargo, la tasa de fracaso de estos emprendimientos en los primeros tres años es notablemente alta. Y las razones no son principalmente de mercado o de capacidad emprendedora: son de entorno institucional.

Las barreras que nadie diseñó pero todos construyeron

El primer obstáculo que encuentran los emprendedores retornados es el sistema financiero. Los bancos comerciales de la región exigen historiales crediticios locales que, por definición, quienes han vivido años en el extranjero no poseen. Las garantías reales que se solicitan para los préstamos empresariales —propiedades, avales de terceros con ingresos verificables en el país— también son difíciles de aportar para quienes acaban de regresar.

El resultado es que muchos retornados con proyectos viables y ahorros propios terminan siendo considerados clientes de riesgo alto por el sistema bancario convencional. Esto los empuja hacia el autofinanciamiento total —que limita la escala de sus proyectos— o hacia prestamistas informales con condiciones leoninas.

La burocracia empresarial añade otra capa de dificultad. En varios países de la región, abrir una empresa formal puede requerir entre veinte y cuarenta trámites distintos, dispersos en organismos que no se comunican entre sí. Para alguien que lleva años fuera y no conoce los cambios normativos recientes, navegar este laberinto sin asesoría especializada es casi imposible. Y la asesoría especializada, cuando existe, rara vez está adaptada a la realidad específica del retornado: sus documentos extranjeros, su situación fiscal mixta, sus contratos con proveedores internacionales.

A estas barreras formales se suma una dimensión más difusa pero igualmente real: la desconfianza institucional mutua. Las agencias de desarrollo local desconocen el perfil del retornado emprendedor y tienden a tratarlo como a cualquier otro emprendedor local, sin reconocer sus ventajas diferenciales ni sus necesidades específicas. Y los propios retornados, escaldados por experiencias frustrantes, desconfían de unas instituciones que perciben como lentas, opacas y poco orientadas a resultados.

Lo que algunos países están haciendo bien

Frente a este panorama generalizado de oportunidades desperdiciadas, algunos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil han desarrollado modelos que merecen atención.

El caso más citado en la literatura especializada es el programa Nexos con México, impulsado por el gobierno mexicano en colaboración con el BID. Este programa creó ventanillas únicas para migrantes retornados que combinan orientación empresarial, acceso a microcréditos con condiciones adaptadas y reconocimiento de historial crediticio internacional. Los resultados iniciales mostraron tasas de supervivencia empresarial significativamente superiores a las del emprendimiento convencional, aunque el programa ha tenido dificultades de escala y continuidad presupuestaria.

En El Salvador, la iniciativa Cuenta Conmigo —impulsada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) con apoyo de la diáspora organizada— ha desarrollado un modelo de mentoría entre pares en el que empresarios retornados con trayectorias exitosas acompañan a los recién llegados durante sus primeros dos años de actividad. Este enfoque de capital social, basado en la confianza comunitaria más que en la intermediación institucional, ha demostrado ser especialmente eficaz en contextos donde la desconfianza hacia las instituciones formales es alta.

Fuera de la región, el programa Retorno Productivo de Portugal —diseñado para la diáspora lusa en el norte de Europa— ofrece un modelo interesante: combina incentivos fiscales para retornados que creen empleo, acceso preferente a fondos europeos para pymes y un sistema de reconocimiento automático de cualificaciones obtenidas en el extranjero. Adaptado al contexto latinoamericano, este tipo de arquitectura de incentivos podría generar resultados significativos.

Un cambio de paradigma necesario

La conclusión que emerge del análisis es incómoda pero clara: los países de América Latina no tienen un problema de escasez de emprendedores con potencial. Tienen un problema de arquitectura institucional que destruye ese potencial de forma sistemática.

Cambiar esta situación requiere reformas en varios frentes simultáneos. En el sistema financiero, es necesario desarrollar productos específicos para retornados que reconozcan el historial crediticio internacional y que acepten las remesas enviadas como aval de capacidad de pago. En el entorno regulatorio, se necesitan ventanillas únicas que simplifiquen los trámites y cuenten con personal formado en la realidad específica del retorno migratorio. En el ámbito fiscal, los incentivos tributarios temporales para empresas creadas por retornados pueden inclinar la balanza en favor de la formalización.

Pero quizás el cambio más urgente es conceptual: dejar de ver al migrante retornado como un problema de reinserción social y empezar a verlo como lo que es en muchos casos: un activo estratégico para el desarrollo. Los países que logren ese cambio de perspectiva antes que los demás tendrán una ventaja competitiva en la carrera por el desarrollo que ningún programa de cooperación externa puede proporcionar.