Pasaportes para el talento: la carrera latinoamericana por atraer emprendedores globales y sus contradicciones

En los últimos cinco años, varios gobiernos latinoamericanos han reescrito silenciosamente sus marcos migratorios para incluir una nueva figura: el emprendedor internacional. Ya no se trata únicamente de trabajadores calificados en relación de dependencia, sino de fundadores de startups, inversores en etapa temprana y profesionales que trabajan de forma remota para empresas fuera del país anfitrión. La promesa es seductora: captar talento global, dinamizar ecosistemas de innovación locales y atraer divisas que alimenten el consumo interno.

Pero detrás de los comunicados institucionales y los eventos de pitching en Medellín o Ciudad de México, emergen preguntas que los diseñadores de estas políticas prefieren esquivar: ¿para quién son realmente estas visas? ¿Qué ocurre con el migrante que llega sin capital semilla, sin red de contactos y sin la posibilidad de demostrar ingresos en moneda fuerte?

El modelo colombiano: innovación con condiciones

Colombia fue uno de los primeros países de América del Sur en incorporar una categoría migratoria orientada a emprendedores dentro de su reforma de visados de 2022. La visa de tipo M —para migrantes— incluye una subcategoría para quienes acrediten actividad empresarial o inversión en el país. El requisito mínimo de capital inicial, aunque inferior al de muchos países europeos, sigue siendo una barrera significativa para migrantes provenientes de Venezuela, Haití o Centroamérica, que conforman los flujos más numerosos hacia territorio colombiano.

El resultado es una política con dos velocidades: una vía rápida y relativamente accesible para emprendedores estadounidenses, europeos o de países del Cono Sur con respaldo financiero; y una vía prácticamente cerrada para quienes llegan huyendo de crisis económicas o humanitarias. La ironía es notable: el país que más migrantes forzados ha recibido en la historia reciente del continente ha construido un programa de atracción de talento que excluye sistemáticamente a esa misma población.

México y la promesa del nómada digital

México tomó un camino diferente. En lugar de crear una visa específica para emprendedores, amplió las condiciones de la visa de residente temporal para incluir a trabajadores remotos que perciban ingresos desde el extranjero. La Ciudad de México, en particular, se convirtió en un polo de atracción masiva durante y después de la pandemia, alimentando el fenómeno conocido como «gentrificación por teletrabajo» en barrios como Roma, Condesa y Juárez.

Este modelo tiene ventajas en términos de simplicidad burocrática, pero plantea problemas de cohesión social evidentes. Los nómadas digitales que se instalan en colonias de clase media-alta elevan los precios del alquiler residencial, desplazan a comunidades locales y generan una economía paralela que rara vez se integra con los circuitos productivos nacionales. La captación de talento global, en este caso, se convierte en una forma de importar desigualdad urbana.

Además, el marco legal mexicano no distingue entre el nómada digital de altos ingresos y el migrante centroamericano que busca trabajo informal. Ambos pueden, en teoría, acogerse a la misma categoría migratoria, pero en la práctica los controles y las facilidades se distribuyen de manera muy desigual.

Portugal como referencia y sus límites

Fuera de América Latina pero con enorme influencia sobre sus políticas migratorias, Portugal desarrolló la visa D8 para nómadas digitales y la visa para startups, convirtiéndose en referente europeo de atracción de talento mediante incentivos fiscales y procesos de solicitud relativamente ágiles. Varios países latinoamericanos han mirado a Lisboa como modelo a replicar.

Sin embargo, la experiencia portuguesa también revela tensiones que conviene no ignorar. El boom de nómadas digitales en Lisboa y Oporto contribuyó a una crisis de vivienda sin precedentes, con alquileres que se dispararon entre un 40 % y un 60 % en menos de una década, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Portugal. La lección para América Latina es clara: atraer talento sin políticas complementarias de vivienda asequible y redistribución fiscal puede agravar las desigualdades existentes.

¿Quién califica y quién queda fuera?

El denominador común de estos programas es su orientación implícita hacia un perfil muy específico de migrante: joven, con formación universitaria, con acceso a tecnología, con ingresos en dólares o euros y con capacidad de demostrar solvencia económica ante una embajada. Este perfil representa una fracción minúscula de los flujos migratorios reales en la región.

Las organizaciones de defensa de derechos migrantes señalan que estas políticas, lejos de democratizar la movilidad, crean jerarquías formalizadas entre migrantes «deseables» e «indeseables». El emprendedor tecnológico alemán que quiere instalarse en Bogotá tiene un camino institucional claro. El comerciante venezolano que lleva tres años construyendo un negocio informal en esa misma ciudad, no.

Hacia una política más coherente

Una agenda progresista en materia de visas para emprendedores debería partir de una premisa distinta: el emprendimiento migrante no comienza con un pitch deck ni con capital semilla certificado por un notario. Comienza, con frecuencia, en la economía informal, con recursos mínimos y redes de solidaridad comunitaria.

Algunas propuestas que merecen consideración seria incluyen el reconocimiento de trayectorias empresariales informales como mérito para acceder a categorías migratorias regulares; la creación de fondos públicos de microcrédito vinculados a programas de regularización; y la integración de los ecosistemas de innovación locales con las comunidades migrantes ya establecidas, en lugar de construir burbujas de talento importado desconectadas de la realidad social.

La competencia regional por atraer emprendedores globales no es en sí misma un problema. El problema es cuando esa competencia se convierte en el único marco desde el cual se diseña la política migratoria, relegando a millones de personas a la invisibilidad institucional. América Latina puede ser un destino de innovación y también un modelo de justicia migratoria. Por ahora, elige solo lo primero.