El retorno imposible: cuando los refugiados vuelven a la violencia porque el exilio tampoco les ofrece futuro

Hay una imagen que el sistema internacional de protección a refugiados prefiere no contemplar: la de alguien que cruza de regreso una frontera que cruzó huyendo. No porque la guerra haya terminado. No porque el grupo armado que amenazaba su vida haya desaparecido. Sino porque, después de meses o años en el exilio, la combinación de pobreza extrema, exclusión institucional y pérdida de redes de apoyo hace que el riesgo conocido parezca más manejable que la miseria anónima.

Este fenómeno, documentado con creciente preocupación por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por organizaciones como el Norwegian Refugee Council, desafía algunos de los supuestos fundamentales sobre los que se construye la política global de asilo. Si los refugiados regresan a situaciones de peligro por razones económicas, ¿qué nos dice eso sobre la capacidad real del sistema internacional para protegerlos?

Los números detrás de una elección sin opciones

Entre 2019 y 2023, ACNUR registró retornos voluntarios en contextos que técnicamente no cumplían los criterios de seguridad para el regreso. Afganistán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Myanmar encabezan la lista de países a los que personas con estatus de refugiado o protección temporal decidieron volver, en muchos casos sin notificarlo a las autoridades del país receptor.

En América Latina, el fenómeno tiene expresiones propias y menos estudiadas. Comunidades venezolanas en Colombia, Ecuador y Perú han experimentado flujos de retorno significativos en los últimos tres años, a pesar de que las condiciones políticas y económicas en Venezuela no han mejorado sustancialmente. Las razones declaradas por quienes regresan son reveladoras: incapacidad de regularizar su situación migratoria, imposibilidad de acceder a empleo formal, dificultades para inscribir a sus hijos en el sistema educativo y, de manera recurrente, lo que muchos describen como «la soledad de no pertenecer a ningún lugar».

Por qué el exilio empobrece

La narrativa dominante sobre los refugiados tiende a subrayar los recursos y la resiliencia que estas personas traen consigo. Es una narrativa necesaria para combatir la xenofobia, pero puede oscurecer una realidad más compleja: el desplazamiento forzado destruye capital social, económico y psicológico de formas que tardan generaciones en reconstruirse.

Una persona que huye de un conflicto armado llega al país receptor sin sus redes profesionales, sin el reconocimiento de sus credenciales académicas, sin historia crediticia, sin acceso a los sistemas de seguridad social y, en muchos casos, sin dominio del idioma local o de sus variantes regionales. El mercado laboral informal absorbe esa mano de obra, pero en condiciones que rara vez permiten la acumulación de ahorro ni la estabilización económica.

En Colombia, donde reside la mayor comunidad venezolana fuera de Venezuela —más de 2,8 millones de personas según cifras de Migración Colombia—, estudios de la organización DeJusticia han documentado que una proporción significativa de migrantes venezolanos con varios años de residencia sigue sin acceder a empleo formal, vivienda estable o cobertura de salud regular. La regularización masiva implementada mediante el Estatuto Temporal de Protección fue un avance notable en términos de política pública, pero su implementación práctica ha encontrado obstáculos burocráticos que limitan su impacto real sobre las condiciones de vida.

El fracaso silencioso del desarrollo en los países receptores

La pregunta incómoda que plantea el retorno a contextos de violencia no es solo sobre política de asilo: es sobre política de desarrollo. Los países receptores de grandes poblaciones refugiadas son, en su mayoría, países de renta media o baja con sus propios déficits estructurales de empleo, vivienda y servicios públicos. Pedirles que absorban flujos masivos de población desplazada sin financiamiento internacional adicional es, en la práctica, pedirles que distribuyan escasez.

La cooperación internacional al desarrollo ha fallado sistemáticamente en traducir el reconocimiento político de la crisis de refugiados en inversión sostenida en los países que cargan con el peso de esa crisis. El Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, adoptado en 2016 como parte del Pacto Mundial sobre Refugiados, prometía una distribución más equitativa de responsabilidades entre países ricos y países en desarrollo. Casi una década después, los compromisos de financiamiento siguen siendo insuficientes y la brecha entre retórica y recursos, evidente.

Cuando la «voluntariedad» del retorno es una ficción

El derecho internacional de los refugiados establece que el retorno debe ser voluntario, seguro y digno. El principio de no devolución prohíbe explícitamente devolver a alguien a un lugar donde corre riesgo de persecución. Pero el retorno motivado por la desesperación económica, aunque formalmente «voluntario», pone en cuestión qué significa realmente la voluntariedad cuando las alternativas son igualmente insostenibles.

Algunos juristas especializados en derecho migratorio internacional argumentan que los Estados receptores que crean condiciones de exclusión sistemática para refugiados están, en la práctica, ejerciendo una forma de devolución indirecta. No expulsan formalmente a nadie, pero construyen un entorno suficientemente hostil como para que el regreso al peligro parezca preferible. Esta interpretación, aunque minoritaria en los foros institucionales, merece una discusión más amplia en los espacios donde se diseñan las políticas.

Repensar la protección desde la sostenibilidad

Una política de protección genuina no puede limitarse a garantizar que nadie sea deportado a un conflicto activo. Debe también garantizar que las personas protegidas tengan acceso real a condiciones de vida dignas en los países de acogida: empleo legal, educación, salud, vivienda y, fundamentalmente, la posibilidad de construir un proyecto de vida sin la espada de la irregularidad permanente sobre sus cabezas.

Esto requiere, entre otras cosas, que los países donantes cumplan sus compromisos financieros con los países receptores; que los sistemas de reconocimiento de credenciales sean más ágiles y menos discriminatorios; que los programas de integración social se diseñen con y no solo para las comunidades refugiadas; y que se abandone la ficción de que la protección temporal puede ser una solución duradera para desplazamientos que duran décadas.

Los refugiados que regresan a la violencia porque el exilio no les ofreció alternativas no son un fracaso individual. Son el síntoma más visible de un sistema de protección internacional que prometió más de lo que sus arquitectos estaban dispuestos a financiar. Reconocerlo es el primer paso para construir algo mejor.