El precio de la elegibilidad: cómo los sistemas de puntos deciden quién merece cruzar una frontera

Cuando Canadá introdujo su sistema de puntos en 1967, lo presentó como un avance progresista: una forma de seleccionar inmigrantes basada en méritos objetivos y no en el origen étnico o nacional. Décadas después, Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos adoptaron variantes del mismo modelo. Hoy, estos sistemas se han convertido en el paradigma dominante de la política migratoria en el mundo desarrollado. Pero la pregunta que pocas veces se formula en los foros de política pública es esta: ¿objetivos para quién?

La arquitectura de la exclusión

Los sistemas de puntos funcionan asignando valores numéricos a características como el nivel educativo, el dominio de idiomas, la experiencia laboral en sectores específicos, la edad y las ofertas de empleo previas. Quienes superan un umbral determinado obtienen el derecho a solicitar residencia; quienes no lo alcanzan, sencillamente no existen para el sistema.

Esta lógica tiene una consecuencia estructural que rara vez se nombra con claridad: favorece sistemáticamente a personas que ya parten de posiciones de ventaja. Un profesional con título universitario reconocido, experiencia en sectores tecnológicos o financieros, y manejo fluido del inglés o el francés tiene muchas más probabilidades de acumular los puntos necesarios. Un trabajador agrícola guatemalteco, una cuidadora filipina o un técnico en construcción marroquí difícilmente llegarán al umbral, independientemente de cuánto necesite su trabajo la economía receptora.

El economista Philippe Legrain, en sus análisis sobre política migratoria europea, ha señalado que estos sistemas confunden valor económico con credenciales formales, ignorando que gran parte de la producción de riqueza en los países receptores depende de trabajos que no requieren títulos universitarios pero sí son absolutamente esenciales.

Lo que los números no cuentan

España, sin aplicar un sistema de puntos en sentido estricto, ha transitado en los últimos años hacia criterios de admisión cada vez más orientados al perfil profesional. La reforma del Reglamento de Extranjería de 2022 y los debates en torno a la Ley de Startups han abierto vías específicas para nómadas digitales y emprendedores tecnológicos, mientras los contingentes para trabajos de temporada en agricultura o servicios siguen siendo objeto de disputas y negociaciones anuales que dejan a miles de personas en una situación de precariedad permanente.

Esta bifurcación no es casual. Refleja una tensión profunda en el corazón de la política migratoria contemporánea: los Estados quieren los beneficios económicos de la migración, pero prefieren gestionar la imagen pública de esa migración seleccionando perfiles que encajen con narrativas de modernización e innovación.

El resultado es una doble vara. Mientras se abren puertas doradas para desarrolladores de software o investigadores con doctorado, los trabajadores que limpian hospitales, recogen fruta o cuidan a personas mayores acceden —cuando acceden— por vías precarias, con contratos temporales y derechos limitados.

El coste para los países de origen

La dimensión que con mayor frecuencia queda fuera del debate es el impacto de estas políticas sobre los países que forman a esos profesionales. La llamada fuga de cerebros no es un fenómeno espontáneo: es, en parte, el resultado directo de políticas de captación activa por parte de países ricos que invierten poco en la formación de sus propios trabajadores y prefieren importar talento ya formado.

Bolivia, Senegal, Filipinas o Rumanía destinan recursos públicos a formar médicos, ingenieros y enfermeras que luego son reclutados activamente por sistemas de puntos diseñados para atraerlos. El resultado es una transferencia neta de capital humano desde las economías más vulnerables hacia las más ricas, agravando las brechas de desarrollo que supuestamente se quieren reducir.

Algunos estudios del Banco Mundial estiman que ciertos países de África subsahariana han perdido más del 50% de sus profesionales de la salud formados localmente en las últimas dos décadas. Ningún sistema de puntos incorpora mecanismos de compensación por este drenaje.

Alternativas que merecen atención

La crítica a los sistemas de puntos no implica abogar por fronteras abiertas sin criterios. Implica, en cambio, reconocer que los criterios actuales son políticamente construidos y que podrían construirse de otra manera.

Algunas propuestas que circulan en círculos académicos y de política pública merecen mayor visibilidad:

Sistemas de puntos ampliados, que incorporen no solo credenciales formales sino también experiencia demostrable, redes comunitarias, proyectos de inversión local o vínculos familiares como factores positivos.

Vías de regularización para trabajadores esenciales, reconociendo que quien lleva años contribuyendo fiscalmente y socialmente a una economía tiene derechos que no pueden seguir dependiendo de la renovación anual de un contrato.

Acuerdos bilaterales de desarrollo, que vinculen la captación de talento con transferencias de recursos hacia los sistemas educativos de los países de origen, convirtiendo la migración en un proceso de beneficio mutuo y no de extracción unilateral.

Reunificación familiar como derecho, no como privilegio, revertiendo la tendencia de varios países europeos a restringir la reagrupación como mecanismo de control de flujos.

La neutralidad como ficción política

Los sistemas de puntos se legitiman apelando a la objetividad y la transparencia. Cualquiera puede saber exactamente cuántos puntos tiene y cuántos le faltan. Pero esta transparencia procedimental oculta una opacidad sustantiva: los criterios que se puntúan, los umbrales que se fijan, los sectores que se priorizan son decisiones políticas tomadas por actores con intereses específicos.

Reconocer esto no es un ejercicio de cinismo. Es el primer paso para abrir un debate genuinamente democrático sobre qué tipo de migración queremos gestionar y con qué fines. Porque detrás de cada punto que se suma o se resta en un formulario hay una persona cuya vida entera puede cambiar de dirección. Esa persona merece algo más que un algoritmo.

Las políticas migratorias justas no son las que parecen más neutrales, sino las que se construyen reconociendo abiertamente sus valores. Y uno de esos valores debería ser, necesariamente, la dignidad de todos los que se desplazan, no solo la de quienes ya tienen ventaja de salida.